COHESION SOCIAL

Casi nadie se enteró de que el otro día hubo un debate en una comisión del Congreso sobre el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, tan perjudicial para Colombia como el TLC con los Estados Unidos. Nadie se enteró porque se discutía también la farsa de la reforma politiquera, y para los políticos lo más importante son las cosas de comer.
Sus cosas de comer. Porque el TLC afecta, disminuyéndolas, las cosas de comer de todos los colombianos (salvo las de unos cuantos avivatos). Los Tratados de Libre Comercio han sido presentados por sus defensores como creadores de vastos mercados económicos igualitarios, favorables para todos los participantes. El ejemplo más citado es la Unión Europea, justamente, que, globalmente hablando, ha sido exitosísima para todos sus miembros, tanto tomados uno por uno como en su conjunto. Pero si lo ha sido es porque constituye una suma de iguales, así en la práctica haya habido entre unos y otros, en el origen, diferencias gigantescas. La suma de, digamos, Irlanda y Alemania ha favorecido prodigiosamente a la pequeña Irlanda, pero a la poderosa Alemania sólo en el corto plazo la ha afectado negativamente (y de modo casi imperceptible), para favorecerla también a ella a la larga. Todos salen ganando en esa suma, Francia y Polonia, España y Grecia y el Reino Unido, porque, insisto como Perogrullo, es una suma. Una colaboración. Una alianza.Los Tratados de Libre Comercio, en cambio, no son una suma sino una división: una competencia entre países de economías desiguales. Lo contrario de una unión (como la UE o los propios Estados Unidos). El TLC firmado con la UE no sumaría a Colombia con Alemania, digamos, sino que la pondría de frente a competir con ella. Y no sólo con ella, sino con algo aún más potente, como es la UE entera de la que Alemania forma parte. El senador Jorge Enrique Robledo, que es uno de los pocos que han mantenido en la crítica de los TLC una posición perseverante (como la que han mantenido los negociadores de enfrente en el abuso de poder, y los de este lado en el arrodillamiento) hizo el cálculo de que la economía conjunta de la Unión Europea es "setenta y un veces más poderosa" que la de Colombia. Y sin embargo de lado y lado juegan con la falacia descarada de que se trata de una negociación "de igual a igual". Como en George Orwell, un autor cada día más inevitable, hay unos "más iguales que otros". Y ese trato chanzudo, de igual a igual, entre dos desiguales, concluye en acuerdos aún más inequitativos y desequilibrados que las reglas fijadas por la Organización Mundial del Comercio, que tiene al menos la ventaja de ser multilateral: del todo no consigue mandar nadie.Esto es así, repito, porque los Tratados de Libre Comercio, que no son libres, tampoco constituyen una alianza, como lo son la UE o los EU, sino un negocio. Y un negocio, por añadidura, a la colombiana: o sea uno en el que una de las dos partes sale tumbada, en lugar de que las dos resulten favorecidas y satisfechas, como ha sido el propósito del comercio desde los tiempos de los fenicios.La parte que sale tumbada es Colombia. Y el tumbe consiste en que verá destruido su precario aparato productivo, incapaz de competir "de igual a igual" con las gigantescas (y ahora además subvencionadas por cuenta de la crisis) industrias norteamericanas y europeas, y menos aún con sus agroindustrias hipersubvencionadas desde siempre: tarea imposible por mucho que se reduzcan aún más los salarios y se doblegue a tiros a los sindicatos. El crecimiento del desempleo, que será muy grande en la vapuleada industria manufacturera, será aún mayor en el agro: arrasador. Y se traducirá, como ya ha venido haciéndolo, en la multiplicación de la delincuencia de toda índole, desde las pandillas de raponeros de bus y fleteros de cajero automático hasta la "bandas emergentes" del narcotráfico y el paramilitarismo pasando, claro está, por la guerrilla. Crecerá la violencia, que a su vez empujará al desplazamiento y la mendicidad: ya no darán abasto los semáforos.Pues si bien es cierto que el auge guerrillero y paramilitar se financia con los dineros de la droga (como el auge bancario o el de las tiendas de cuatrimotos), hasta un concesionario de Maseratis están montando en Bogotá, como si en esta ciudad, o en este país, hubiera alguna calle o carretera por la que puedan andar sin desbaratarse las tripas de esos aerodinámicos carros de lujo. ¿Darán vueltas y más vueltas en redondo en las pistas de karts del autódromo de Tocancipá como caballitos de carrusel, llevando a bordo a sus dueños narcos o banqueros o políticos que se han robado un departamento...Si bien es cierto, digo, que el nervio financiero de la guerrilla y del paramilitarismo y de la delincuencia común es fundamentalmente la droga, su músculo militar está en el desempleo, y eso es así también para los soldados profesionales de las fuerzas del Estado. La razón de que haya reclutas dispuestos a tomar las armas en esos cuatro ejércitos es la falta de otras fuentes de trabajo que den de comer.Con lo cual, y no para eliminar sino para tener a raya a esos ejércitos, para sostener el elevadísimo gasto militar que ha permitido desmantelar en parte el paramilitarismo y mantener en jaque -aunque sin darle mate, a la guerrilla- será necesario volver permanente el impuesto de guerra. Y además expandirlo, tal como se lo pidió (¿o se lo ordenó) al gobierno el poderoso banquero Luis Carlos Sarmiento, para que lo paguen todos los colombianos. Así la costosa "seguridad democrática", que no lo es en sus resultados, lo será por lo menos en sus medios. Ponían la plata los ricos, y la sangre los pobres. Ahora los pobres tendrán la oportunidad patriótica de poner también la plata.Cohesión social, se llama eso.

NUEVO CONTRATO DEL SIGLO XXI

Estamos en un mundo lleno de indiferencias, de ceguera, etc.; donde diariamente humillan y explotan a personas inocentes: como niños, pobres, personas de color, etc.; mientras que otras personas “gozan de lo lindo” sin hacer nada.

Ahora los bancos están ganando más que las mismas personas donde hacen sus ingresos, el cual le descuentan una fuerte comisión (por prestar dinero).

También algunas veces desperdiciamos los alimentos, mientras que otras personas están “muertas del hambre”. En conclusión si dejamos que destruyan nuestro planeta por medio del mal uso de las basuras, por la pobreza, por la mala alimentación, por nuevas industrias que contaminan el medio ambiente por su humo, por la guerra diaria, por la explotación de menores de edad, etc.; no vamos a tener nada de lo que tenemos ahora.

ACABEMOS ESTOS PARA QUE VIVAMOS EN PAZ.

'CHUZADAS': EL DAS Y LA PRENSA

Por Alfredo Rangel

Luego del artículo de la revista semana publicado el 28 de febrero del 2009, por Alfredo rangel ha salido a relucir el descontrol total de las irregularidades del DAS, luego de que el DAS interceptara ilegales de comunicaciones privadas y sus divulgaciones. Estoy de acuerdo con el periodista ya que día a día escuchamos abusos y corrupciones en el país ya no mas a esos abusos el gobierno debería tomar cartas en el asunto y castigar con la cárcel aquellos que violan y no acata la ley.Además el DAS hace años a estado es totalmente desnaturalizado y sobredimensionado. “El DAS debe achicarse y concentrarse en lo que le toca: hacer inteligencia. De manera legal. Además esto a proporcionado un alto mercado de interceptaciones ilegales, que en los últimos meses pueden haber llegado a un millón. Paras, guerrilleros, narcotraficantes, crimen organizado, gente descarriada del común, y uno que otro funcionario con exceso de celo, han alimentado esos actos ilegales. Periodistas, empresarios, políticos, jueces y altos funcionarios públicos han sido sus vi¬ctimas. El presidente debería a probar la Ley para poder que ajusten a estos funcionarios. Prohibir las divulgaciones de las interceptaciones legales e ilegales, telefónicas del DAS como lo dice el periodista. Solo permitir las denuncias de aquellos actos ilícitos que afecten a la intimidad de los ciudadanos.

oasis gonzalo gallo

oasis gonzalo gallo

Los que no pueden escribir en un periódico le trasmiten a uno inquietudes que a veces conviene compartir: - ¿Qué cambios radicales haría el Gobierno si uno de tantos falsos positivos del pueblo fuera hijo del Presidente o de un ministro? - Diciendo "perdonen que tardamos", ¿el Gobierno le devuelve la vida a tres muertos y la plata a millares de pobres ahorradores? - ¿Hará algo este Gobierno tan amigo de los banqueros para que éstos no ganen billones mientras abusan de sus clientes? - ¿Por qué surgen en pocos días tantas pruebas contra DMG que no aparecieron en años? - ¿Por qué el Superintendente cae solito como chivo expiatorio y los que mandan más siguen tan frescos? - Como bien dicen economistas serios, ¿por qué el Gobierno se la gastó toda en épocas de vacas gordas? Nadie niega las cosas buenas, pero persisten la corrupción, un gran hueco social y politiquería como nunca.

Gota a gota

Gota a gota

Por: Gustavo Ducan

La semana pasada un reportaje de la Revista Cambio reveló la dimensión del mercado de crédito informal en Colombia: ocho de cada diez créditos son informales. Nada más indicativo de la realidad nacional que un problema que expresa tanto las falencias de la economía formal para incluir a toda la población dentro de un capitalismo democrático como los problemas de valores y conductas de los colombianos.

Puede que en términos de volumen total de recursos del sector financiero, los créditos informales no constituyan una porción tan alta de la asignación de préstamos. Pero el hecho de que el mayor número de transacciones crediticias no sean producto de instituciones financieras reguladas por el Estado, es una advertencia que la economía formal del país presenta graves fallas en cuanto a su democratización. El crédito, una de las partes fundamentales del capitalismo moderno, es un servicio de lujo.

En teoría una banca democrática cumple la función de captar los ahorros de la sociedad para que su clase empresarial pueda financiar la producción económica. A cambio de utilizar esos recursos los empresarios pagan unos intereses que incluyen las pérdidas de los préstamos no recuperados. Una banca eficiente debe evitar los préstamos a empresarios que no estén en condiciones de pagar porque encarece el crédito a quienes sí están comprometidos en ampliar el sector productivo nacional.

La decisión de no pagar un crédito puede obedecer a que el empresario simplemente no tiene cómo hacerlo -por quiebra o iliquidez- o a que por razones éticas decide no cumplir sus deudas. Los bancos deben entonces identificar las probabilidades de pago de los empresarios para evitar que la plata de los ahorradores se diluya. Existen tres mecanismos básicos para garantizar que los clientes cumplan sus compromisos: activos físicos, fiadores e historial crediticio.

El problema en Colombia es que un 80% de los clientes de préstamos no cuentan ni con activos ni con fiadores ni con historial de crédito para acceder a la banca formal. Deben buscar créditos en el sector informal que cuenta con otro mecanismo para garantizar los pagos: la disuasión armada. La violencia se convierte así en un medio alternativo para lograr que los potenciales clientes acudan al sistema sólo cuando están seguros de poder pagar, y de paso, evitan que muchos individuos pobres de ética decidan eludir sus compromisos crediticios. En otras palabras, el sistema bancario informal es un caso más donde la violencia se convierte en un mecanismo efectivo de regulación económica para aquella población que no puede ser atendida por el sector formal debido a sus barreras estructurales (falta de activos, conocimientos de las transacciones, etc).

Lo más grave es que la mayoría de esos clientes son capaces de pagar las tasas de usura del sector informal. Los famosos sistemas de ‘gota a gota’, pese a su brutalidad e infamia, cumplen una función importante al permitir a muchos empresarios de bajos recursos y nula liquidez sobrevivir en medio de riesgosas transacciones. Sin importar los problemas de estos sistemas económicos los individuos cumplen sus obligaciones.

La gran pregunta es: ¿cumplirían estos mismos individuos sus obligaciones si no existiera una amenaza violenta? Si fuera así los bancos no tendrían mayores problemas para atenderlos. Quizá este ejemplo sea una advertencia de los problemas éticos que afronta la sociedad colombiana y que deberíamos reconocer si quisiéramos en verdad modernizar nuestra sociedad

UN APLAUSO

Por Antonio Caballero

Un aplauso. Está muy bien que por fin los más altos representantes del Estado empiecen a reconocer lo que desde hace decenios un general tras otro, un ministro de Defensa tras otro, un presidente tras otro, han negado en redondo: que las Fuerzas Armadas cometen excesos. Torturas. Detenciones que terminan en la desaparición de los detenidos. Ejecuciones extrajudiciales. Crímenes de guerra. Hay que felicitar al presidente Uribe, al ministro Santos, al general Padilla, por su decisión de pasar a retiro a tres generales y siete coroneles (y otros tres más hace ocho días), más una docena de oficiales y suboficiales de menor rango, por los infames "falsos positivos" con decenas de muertos denunciados en las últimas semanas.

Está muy bien que se empiece a limpiar el Ejército (y la Policía, y el DAS), y ya iba siendo hora: sólo falta un año para que venza la reserva de siete que establecieron al alimón el presidente saliente Andrés Pastrana y el entrante Álvaro Uribe ante la Corte Penal Internacional, blindando al Estado colombiano frente a las responsabilidades por crímenes de guerra durante el tiempo que según su cálculo optimista tomaría derrotar a la subversión en Colombia.

Está muy bien que los crímenes se reconozcan. Y que se acepte por primera vez que no se trata de actos aislados de "elementos descorregidos", de "manzanas podridas", de "ovejas negras" que no entrañan responsabilidad institucional ni política de sus superiores, sino que, por el contrario, la comprometen tanto por omisión como por acción. Pero la necesaria limpieza del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de la Policía, del DAS, de todos los organismos secretos del Estado, habrá que repetirla una y otra vez, indefinidamente, mientras no cambien de verdad las convicciones profundas de los militares que hacen la guerra y de los civiles que la ordenan desde el poder político. La convicción profunda, reforzada además por el adiestramiento y el ejemplo recibidos de los Estados Unidos, de que todo vale en la guerra contra la subversión, hoy llamada narcoterrorista; ayer, comunista; antier, bandolera. De que valen el asesinato y la tortura, la desaparición forzada, la expulsión, porque el enemigo no merece respeto.

Todo vale porque la vida no vale nada. La de los demás: esos, literalmente, desechables que constituyen el grueso del pueblo colombiano (y que hay que distinguir, claro, de los llamados "colombianos de bien"). Los desechables se pueden desechar. Usar y tirar. Eliminar cuando ya no sirven. Intercambiar. Pueden ser usados indiferentemente como guerrilleros o como paramilitares, como sicarios de la mafia o como mensajeros de moto o como desempleados o como subempleados o como reinsertados o como votantes cautivos o como víctimas de los "falsos positivos militares". Su vida real no importa, salvo desde el ángulo de la estadística. Por eso puede el coronel Plazas Vega, aquel que "defendía la democracia, maestro", decir que los cadáveres de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia están donde no están, y tiene que salir Medicina Legal a desmentirlo. Ah, ¿eran otros muertos? Da lo mismo.

Para saber si los pases a retiro de unos cuantos oficiales significan que de verdad está cambiando esa convicción profunda de que hablo hay que ver si son seguidos de algo más: de juicios, de condenas. Pues la desaparición forzada, que trabajosamente fue por fin tipificada como delito en el año 2000, no ha tenido en los siete años transcurridos desde entonces ningún acusado, ningún procesado, ningún condenado, pese a que sigue afectando a unas quinientas personas cada año. Y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, firmada por el gobierno de Colombia en septiembre de 2007, no ha sido ratificada todavía. Y en la discusión que se adelanta en el Congreso sobre la Ley de Víctimas, el gobierno y sus parlamentarios leales se rehúsan obstinadamente a reconocer como víctimas del conflicto (y a reconocer que hay conflicto) a las que lo hayan sido de los agentes del Estado: soldados, policías, detectives del DAS. Como si no existieran.

Todavía falta, pues. Y no sólo porque la lucha por la verdad y la justicia sea una lucha interminable que nunca se puede dar por ganada del todo, sino porque el reconocimiento hecho esta semana por los más altos representantes del Estado sobre sus culpas parece insuficiente todavía, apenas de labios para afuera. Así, al presidente Álvaro Uribe se le escaparon dos expresiones reveladoras al hacerlo. Una fue la de que los desaparecidos habían sido "ajusticiados" por el Ejército. La otra, la de que con sus masacres, de Guaitarilla a Soacha, los militares "nos hacen quedar mal". "¿''Ajusticiados" los asesinados? ¿Y simplemente "queda mal" quien secuestra a alguien para matarlo y presentar su cadáver como un "positivo"? En los dos casos, las palabras del Presidente se quedaron algo cortas.

Pero bueno: es un comienzo. Que sigan por ahí. Y, de nuevo, un aplauso.

Fallas lunares, orejas.

Por Antonio Caballero

LAS PALABRAS QUE ESCOGEMOS PARA hablar sobre cualquier asunto no son neutras ni son siempre inocentes. Al usar una expresión en vez de otra, lo que estamos revelando es una actitud mental, bien sea de censura, de complacencia, o bien, como en el caso que voy a analizar, un intento por disminuir y casi minimizar la gravedad de los hechos.

La revista Semana, en su edición virtual, señala que el presidente Uribe les dio “otro jalón de orejas a los militares”. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, habló de “lunares” que no manchan por entero a la institución militar. Y el ministro de Justicia, Fabio Valencia Cossio, declaró que hubo “fallas cometidas por algunos miembros de la Fuerza Pública”.

“Fallas, jalón de orejas, lunares”, esas son las expresiones que se usan. Tengan en cuenta que, en los tres casos, estamos hablando de crímenes atroces, es decir, de la desaparición, y posterior asesinato, de algunos jóvenes inocentes de Soacha y otras poblaciones o barrios pobres del país. Pero el lenguaje que emplean para comentar el castigo a semejantes crímenes, es el mismo que usaríamos para reprender, casi con simpatía, la indisciplina o las picardías de un grupo de niños en la escuela: jalarle las orejas por sus fallas a uno de los lunares de la clase.

Naturalmente la purga de 27 oficiales y suboficiales es mucho más que un “jalón de orejas”, es una echada del colegio. Pero aunque la medida le dé una buena señal al Ejército, es insuficiente. Ante todo, no sabemos si todos los oficiales destituidos están implicados en esta masacre de jóvenes, o si entre ellos se aprovecha la ocasión para sacar oficiales por otros motivos inconfesables; se debería decir con claridad cuáles de estos militares, y en qué medida, están involucrados en el plan macabro (estilo neo-nazi) de “limpiar” los barrios de drogadictos, homosexuales, retrasados mentales o simples inconformes, mediante la carambola a dos bandas de engañarlos, alejarlos del sitio, y luego presentarlos como subversivos muertos en combate.

Esto es atroz y no se resuelve con una simple destitución de militares. Habría que revelar la verdad completa de los llamados “falsos positivos” (otro eufemismo del lenguaje para no hablar de terrorismo estatal), pedirle perdón a todo el país, y reparar a las víctimas (y cuanto antes, no dentro de quince años cuando lo ordene la Comisión de Derechos Humanos de la OEA). Está bien que Uribe, al fin, les hable duro a los militares, la institución más mimada y mejor financiada durante sus dos gobiernos, y que destituya a unos cuantos.

Pero debería al mismo tiempo, como señalaba Rodrigo Uprimny en estas mismas páginas, comprometerse también con el apoyo al proyecto de ley que busca dar reparación a las víctimas de los agentes del Estado. Es imperdonable que el Gobierno se oponga a una medida que es obvia en un país donde muchas veces ha sido el Ejército (en alianza con los grupos paramilitares, o con los narcos) el que ha cometido actos de una sevicia inaceptable contra la población civil.

Cuando salieron a relucir los falsos positivos de Soacha, el Gobierno quiso tapar el escándalo inflando en los medios el crimen de un niño secuestrado y asesinado por su padre. Antes, cuando el Polo citó al ministro Santos para un debate sobre el premio a los militares por matar falsos subversivos, hace años, se dijo que esas denuncias no eran más que calumnias de la oposición. Ahora resulta que no lo eran; las calumnias acabaron siendo verdades, y los falsos positivos deberían tener otro nombre: crímenes atroces más que homicidios simples. Ahora todos los ciudadanos tendremos que responder, con los impuestos, para pagar millonarias y justas indemnizaciones a las víctimas. Ojalá los militares implicados participen también con su patrimonio. Y ojalá estas destituciones no se queden en mera propaganda, “jalones de orejas, fallas menores y pequeños lunares” de una institución intocable y ejemplar.